Venezuela salió de la hiperinflación, pero aún se mantiene en el rango de una alta inflación que afecta el poder adquisitivo de los ciudadanos. A través de negociaciones de orden político, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América a través de la Oficina de Control de Activos Empresariales (OFAC), otorgó la licencia de operación de Chevron en territorio nacional para determinadas actividades con la industria petrolera y asi mismo se restablecieron relaciones diplomáticas con Colombia, país vecino con posición estelar para el fomento de actividad de intercambio comercial y cultural.

Por supuesto, estos hechos no revelan todo lo que pudiera analizarse como matriz político-regulatoria en Venezuela pero si nos hace prever algunos cambios que pueden producirse en el estamento institucional y económico, con el fin de revertir de la contracción económica que vivió el país después de aproximadamente 7 años, teniendo esta vez una tasa de crecimiento del PIB de enero a septiembre de 2022 de 17,73%, según el Banco Central de Venezuela, aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calcula una tasa de crecimiento inferior.

La necesidad de la reconstrucción del entramado de relaciones internas y externas, así como la generación de ingresos en una economía con severas limitaciones, nos permite advertir que además de una agenda legislativa formal propuesta por la Asamblea Nacional seleccionada en el año 2020, existen temas de los que son necesarios ocuparse.

Ya la Comisión Consultiva de la Asamblea Nacional informó sobre la aprobación de una agenda legislativa que trata asuntos económicos, servicios públicos, poder popular, desarrollo social y lo judicial.

No obstante, la preocupación por no haber terminado el 2022 de manera estable en el aspecto económico, puede tentar a determinados factores de poder a repetir viejas recetas dirigidas a la reedición o nueva aplicación de leyes que estimulen el control de precios y el control de cambio. La denominada Ley de Precios Justos y los posteriores textos que establecieron supuestos precios acordados de bienes no tienen mecanismos reales de defensa de derechos de los consumidores, sino normas que regulan precios, ganancias y una serie de reglas sin especificaciones técnicas, que afectan el devenir cotidiano de industriales y comerciantes.

Impulsar la aplicación o reforma de esos textos para profundizar sanciones sería una forma esquivar los problemas de fondo de la economía sin resolverlos, pero nos corresponde como asesores alertar sobre la posibilidad que esa intención exista y por lo tanto es vital que fabircantes y comerciantes atiendan de manera preventiva la mejora de sus esquemas logísticos y corporativos a los fines de evitar elementos de responsabilidad penal de las empresas, sus accionistas y representantes legales así como perfeccionar el flujo de dinero en sus estructuras.

La industria petrolera ha sido considerada la fuente principal de la economía venezolana aun en la situación de baja producción en la que se encuentra. La aplicación de la licencia Chevron puede despertar intenciones de actores internacionales de la industria y con ello la necesidad de adaptar las leyes venezolanas en materia de hidrocarburos, gas y energía, que hagan coherente - con la Constitución vigente, las previsiones que contemplen las eventuales licencias y las sanciones en curso - la participación directa e indirecta de empresas nacionales e internacionales en el negocio de la industria a través de operaciones propias o prestación de servicios aliados.

Ante las leyes vigentes o los cambios que puedan sufrir las mismas, es vital tener en cuenta los aspectos en materia de compliance que apliquen, así como la estructura contractual y tributaria que sustente de manera idónea a las empresas que pretendan involucrarse en este negocio.

Por último, consideramos que la reinserción en el contexto internacional que vive Venezuela, aun en medio de una situación institucional y económica no resuelta, permite observar que parte de la agenda legislativa puede intentar fortalecer la posición del ejecutivo nacional en cuanto al marco regulatorio para facilitar determinados acuerdos bilaterales en materia comercial, aun en medio del esquema de sanciones impuestas. Asuntos como los decretos de creación de las zonas económicas especiales pueden estimular el ingreso de capitales extranjeros y nacionales, mediante la producción de bienes y prestación de servicios definidos en la Ley especial.

Asi mismo, se ha insistido en regular lo que denominan el comercio digital, sector que hasta ahora tiene un esquema flexible de funcionamiento básicamente apalancado en las normas del Código de Comercio y en la costumbre mercantil, cuestión que consideramos suficiente para estimular las transacciones electrónicas.

En este caso, una guía precisa de los aspectos de Derecho Público y Derecho Mercantil que facilite la instalación de nuevas empresas bajo regímenes especiales, será necesario para contemplar las ventajas que garanticen productividad y ganancias.

Queda pendiente la ejecución de esa agenda legislativa formal, donde nos gustaría observar propuestas que promuevan la descentralización y el fortalecimiento del ejercicio del derecho de propiedad, que si bien se han tenido tímidos avances por vías de hecho, aun no forma parte de la verdadera intención de quienes dominan la escena política.

Es un año de retos donde todo no está resuelto, pero forma parte de la buena disposición, creatividad y conocimiento saber dónde están las oportunidades y aligerar los riesgos.

Tadeo Arrieche Franco

Unidad Compliance

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